La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno estrenó un modelo de contratación pública justa que elimina a las empresas intermediarias en el servicio de limpieza. Ahora, el personal presta sus servicios como socio de su propia cooperativa, garantizando su participación directa con el Estado.
Esta medida se concretó en abril de 2026 tras la reforma a la Ley de Adquisiciones aprobada un año antes, la cual promueve la inclusión de cooperativas de trabajadores en las compras gubernamentales.
Principales beneficios del nuevo esquema:
Justicia laboral: Otorga sueldos dignos, pagos puntuales y acceso garantizado a la seguridad social.
Insumos completos: El Estado provee las herramientas y materiales necesarios, evitando que el personal los pague de su bolsillo.
Autonomía económica: Promueve el reparto de utilidades y fortalece la capacidad de autoorganización de los trabajadores.
Con este paso, la dependencia busca demostrar que la compra pública puede ser un motor de inclusión económica y equidad laboral.