La coordinadora en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores para interponer denuncias formales en contra del gobernador Samuel García y del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
Durante su entrevista con medios de comunicación al salir de la fiscalía, Flores Carrales fue contundente:
“Samuel García y Adrián de la Garza representan exactamente lo mismo: delincuencia organizada desde el poder público, utilizando sus cargos para intereses particulares.”
La primera denuncia va dirigida directamente contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, su padre Samuel Orlando García Mascorro, y otros probables responsables.
Los delitos imputados en esta querella incluyen:
Delincuencia organizada
Peculado
Enriquecimiento ilícito
Ejercicio abusivo de funciones
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
El argumento central
Basándose en investigaciones periodísticas, Flores señaló la existencia de una supuesta red de empresas fachada mediante la cual recursos públicos del gobierno estatal habrían sido transferidos hasta un despacho jurídico vinculado al mandatario y a su entorno familiar.
Asimismo, criticó la postura asumida por Samuel García durante su proceso de juicio político en el Congreso de Nuevo León:
“El propio Samuel García sostiene que una vez que el gobierno paga a un proveedor privado, los recursos pierden su carácter público y se convierten en patrimonio privado. No, señor gobernador, los recursos públicos no dejan de ser sujetos de escrutinio… nadie puede ocultar el origen, el destino o los beneficiarios del dinero del pueblo de Nuevo León.”
La segunda denuncia formal involucra al presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y a Jovita Morín (excontralora municipal y miembro activo del PAN).
Los delitos señalados en este expediente están relacionados con su actuación en el polémico caso Next Energy, e incluyen:
Delincuencia organizada
Cohecho
Ejercicio abusivo de funciones
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Tráfico de influencias