06/10/2022

Silla eléctrica o fusilamiento: Carolina del Sur ejecutará a un prisionero por primera vez en 11 años

El estado de Carolina del Sur (EE.UU.) emitió una orden para ejecutar a un preso por primera vez en once años, una sentencia que podría conducir a la primera muerte por fusilamiento después de que los legisladores estatales modificaran la ley de la pena capital el año pasado.

El secretario de la Corte Suprema del Estado estableció el 29 de abril como fecha de ejecución para Richard Bernard Moore, de 57 años, que ha pasado más de dos décadas en el corredor de la muerte tras ser declarado culpable de matar a un empleado de una tienda de la ciudad de Spartanburg durante un robo fallido en 1999, recoge AP.

Moore podrá elegir entre la silla eléctrica y el fusilamiento hasta 14 días antes de su ejecución programada. Según la ley estatal, también se permite elegir la inyección letal, pero en los últimos años Carolina del Sur no ha podido obtener las drogas necesarias para aplicarla.

Renovación de la cámara de la muerte

El mes pasado, el estado anunció que había concluido la renovación de la cámara de la muerte del Centro de Pena Capital del Institución Correccional de Broad River, en Columbia, para realizar fusilamientos, así como también un nuevo protocolo de ejecución.

El recluso, que es uno de los 35 hombres en el corredor de la muerte del estado, fue arrestado por matar al empleado James Mahoney durante un robo frustrado a una tienda de conveniencia en 1999 y condenado a muerte en 2001.

Moore planeó robo

Según las investigaciones, Moore planeó robar el establecimiento para obtener dinero con el que sufragar su adicción a la cocaína. Durante el atraco, Mahoney sacó una pistola, que el acusado le arrebató tras un forcejeo. Entonces, el empleado sacó una segunda arma y se produjo un tiroteo que acabó con su muerte tras recibir un disparo en el pecho.

Por su parte, los abogados de Moore han pedido a la Corte Suprema estatal que retrase la ejecución para que la Corte Suprema de EE.UU. pueda revisar si la sentencia de muerte fue un castigo desproporcionado, ya que el acusado no trajo un arma consigo al robo y no pudo haber tenido la intención de matar a alguien cuando entró al comercio.